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ESTATUTOS DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS

DE LA COMUNIDAD DE MADRiD
TÍTULO I Disposiciones Generales
TITULO II De los colegiados
CAPÍTULO I Obligatoriedad de la colegiación
CAPITULO II Colegiación única
CAPÍTULO III Del ejercicio de la profesión
CAPÍTULO IV Clases de Colegiados
CAPÍTULO V De los derechos y deberes de los colegiados
TITULO III Organización del Colegio de Podólogos
CAPÍTULO I Órganos de gobierno del Colegio
CAPÍTULO II De la Asamblea General
CAPÍTULO III Moción de censura
CAPÍTULO IV Junta de Gobierno del Colegio
CAPÍTULO V Del Decano
CAPÍTULO VI Del Secretario
CAPÍTULO VII Del Tesorero
CAPÍTULO VIII De las Vocalías
CAPÍTULO IX De la Comisión Permanente
CAPÍTULO X Comisiones y Grupos de Trabajo
TÍTULO IV Comisión de Recursos
TÍTULO V De las elecciones
TÍTULO VI Del Régimen Jurídico
TÍTULO VII Régimen de distinciones y premios
TÍTULO VIII Del Régimen de responsabilidades
Capítulo I Responsabilidad civil, penal y disciplinaria
Capítulo II De las faltas
Capítulo III De las sanciones
TÍTULO IX Del procedimiento disciplinario
Capítulo I Actos previos y competencia
Capítulo II Iniciación del procedimiento
Capítulo III Instrucción del procedimiento
Capítulo IV Finalización del procedimiento
Capítulo V Régimen de recursos
Capítulo VI Régimen disciplinario de los miembros de la Junta de Gobierno
TÍTULO X Del régimen económico y financiero
TÍTULO XI Disolución
TÍTULO XII Reforma de los Estatutos
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL
TITULO IX

Del procedimiento disciplinario

Capítulo IV
Finalización del procedimiento

Artículo 131
Resolución

1. El plazo para resolver el procedimiento disciplinario será de seis meses a contar desde la notificación del acuerdo de iniciación.

2. La Junta de Gobierno dictará Resolución, que será motivada y decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

3. En la Resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, con independencia de la diferente valoración jurídica. No obstante, cuando la Junta de Gobierno considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la Propuesta de Resolución, se notificará al interesado para que aporte cuantas alegaciones estime conveniente, concediéndole un plazo de quince días.

4. Para la aplicación de sanciones, La Junta de Gobierno tendrá en cuenta las pruebas practicadas y las circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran concurrir en el hecho o hechos imputados.

5. La Resolución se notificará a los interesados y será motivada, debiendo contener los recursos que caben contra la misma, los plazos de interposición y órganos ante quienes hayan de presentarse.

6. La Resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía corporativa.

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